LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN EL SECTOR INMOBILIARIO

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LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Escrito por: Marisol Domínguez

La Ley Nacional de Extinción de Dominio se compone por 251 artículos y tiene aplicación Nacional por combatir delitos federales.

La extinción de dominio citada en la ley se define como “la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes.”

El objetivo principal de la ley, es hacer una merma al patrimonio de cualquier persona que una autoridad declare como tal, para así fortalecer el combate por medio de la Fiscalía General de la República a través del Ministerio Público local o federal, de los siguientes delitos:

  1. Delincuencia Organizada (acopio y tráfico de armas)
  2. Secuestro
  3. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos
  4. Delitos contra la salud
  5. Trata de personas
  6. Delitos por hechos de corrupción
  7. Encubrimiento
  8. Delitos cometidos por servidores públicos
  9. Robo de vehículos
  10. Recursos de procedencia ilícita
  11. Extorsión

Lo relevante de este tema es lo siguiente, si al rentar o vender una propiedad a una persona que no esclarezca la procedencia de los recursos con los que va a solventar la compra o el arrendamiento, el perjudicado será quien es el titular de la propiedad y de forma inmediata al darse cuenta la autoridad judicial, se le notificará al propietario por medio de edictos en el Diario Oficial de la Federación, en el diario de mayor circulación en la localidad y en la página de la Fiscalía correspondiente la situación legal en la que se encuentra respecto de la propiedad. De manera paralela, el Ministerio Público podrá realizar el aseguramiento inmediato de la propiedad o de las cuentas bancarias según sea el caso, aún cuando no se haya iniciado el juicio de extinción de dominio y para esto, el Ministerio Público tiene la facultad de iniciarlo en un periodo no mayor a 4 meses para continuar o retirar el decomiso del bien conforme a las pruebas que tenga para el juicio de extinción de dominio, y por ende, la propiedad no podrá ser ocupada, enajenada ni arrendada por estar sujeta a un procedimiento judicial. La procedencia de los recursos debe ser clara en todo momento, principalmente, éstos deben estar en una cuenta bancaria y se deberá acreditar que se cuentan con base en ahorro o con el soporte de alguna otra transacción como puede ser otra compraventa.

En el caso de encontrarnos frente a un decomiso que tenga una sentencia firme de extinción de dominio, el bien inmueble, sea casa, departamento, terreno o cualquier otro tendrá como destino la venta, subasta o donación por parte del Estado a través del Instituto de Administración de Bienes y Activos.

Como recomendación ante los supuestos que la ley contempla, en el caso de una venta se deberá investigar al posible comprador por diversos canales como conocer su fuente de empleo, forma de acreditar sus ingresos, años de trabajo, buró de crédito, etc.

En el caso de un arrendamiento, te recomendamos la contratación de una póliza jurídica, ya que a través de ésta se investigará a la persona que arrendará el inmueble y, asimismo, las pólizas cuentan con esta cobertura para que en el caso de suceder, el propietario esté respaldado y cuente con la asesoría legal necesaria.

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